13/05/2019

La Educación Social se define como un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del Educador Social.

De esta manera, el trabajo que como Educadores y Educadoras Sociales desarrollamos profesionalmente posibilita, a partir del desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, la incorporación de los ciudadanos a la diversidad de las redes que conforman los diversos espacios sociales de nuestra Comunidad Autónoma, en un mundo globalizado, así como la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplían las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social de los Castellano Manchegos.

Siendo conocedores y agentes clave en la realidad de muchas situaciones, tanto de individuos como grupos y comunidades, así como por estar presentes en multitud de proyectos, instituciones, recursos y dispositivos en Castilla-La Mancha, queremos hacer llegar a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones las mejoras en materia de Educación Social que también lo son para la ciudadanía.

Teniendo en cuenta que la profesionalización de la Educación Social en nuestra Comunidad Autónoma es un proceso que ha tenido un avance notable, hay que seguir sosteniendo este progreso a partir de la consolidación de la figura profesional. Consolidación y a ser posible mayor nivel de implantación, a partir de la cual se garantiza un saber práctico y ético por nuestra formación universitaria y experiencia, así como la posibilidad de interlocución con nuestro colegio profesional en acciones globales que puedan desarrollarse a modo de diferentes políticas en materia competentes a la Educación Social.

Por ello, nuestras propuestas incluyen, por una parte, la necesaria modificación de las Relacciones de Puestos de Trabajo en relación a la figura profesional del Educador y Educadora Social, así como el desarrollo de acciones que puedan suponer evitar el intrusismo en entidades públicas y privadas. Por otra parte, con carácter más general, proponemos otras que, a nuestro entender, mejoran la vida de la ciudadanía en su conjunto.

Así pues, solicitamos a los partidos políticos tengan a bien leer y estudiar estas propuestas para que, en la medida de sus intereses electorales, puedan ser incorporadas en sus proyectos programáticos que, en caso de gobernar, puedan desarrollarse en materia de políticas donde la Educación Social está presente.

Nuestros Objetivos son:

• Contribuir a una mejora en el estado de bienestar de las personas.
• Proponer y construir alternativas justas, con expectativas de futuro
• Defender la intervención socioeducativa como una inversión social y económica, que genera justicia y cohesión social.
• Defender los sistemas públicos y de empleo público de calidad que garanticen la prestación de los servicios basados en el derecho de la persona y en búsqueda de su promoción y autonomía personal y no en un régimen de asistencialismo y beneficencia.
• Impulsar nuestra función mediadora en la sociedad.
• Promover la participación como uno de los ejes fundamentales para promover el protagonismo de la ciudadanía, generando espacios y procesos
• La defensa de nuestra profesión, dando a conocer nuestra situación profesional y haciéndola visible: intrusismo, desconocimiento, dificultad de acceso al empleo, empleo de mala calidad, subcontrataciones, que repercuten en la atención a las personas y de las familias al no garantizar los programas, prestaciones y servicios en lo que desempeñamos nuestra labor profesional.

PROPUESTAS SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA

1. Apuesta decidida por el empleo público de calidad que garantice la prestación de los servicios basados en el derecho de la persona y huyendo de asistencialismos y modelos basados en la beneficencia.
   En el caso de externalizar servicios, deberá primar el criterio técnico sobre el económico; lo contrario supone confrontar las necesidades básicas de la ciudadanía con la rentabilidad empresarial.
   Velar porque esas externalizaciones cumplan los criterios de calidad, eficacia y eficiencia y cuenten con un desempeño profesional no voluntarista y se evite la precariedad laboral.
2. Inclusión de cláusulas sociales, en los procesos de Contratación Pública.
3. Favorecimiento de la contratación de la figura del Educador Social para el desarrollo de aquellas funciones y competencias para la que está formado y/o habilitado, como garantía del desempeño profesional de calidad, en la intervención socioeducativa.
4. Solicitar como requisito de acceso la titulación oficial de Diplomatura o Grado en Educación Social o Habilitación Profesional del Colegio Profesional en todas las convocatorias de plazas públicas con la denominación de “Educador o Educadora Social”.
5. Regulación profesional en aquellas administraciones en las que todavía no existe.
6. Eliminación de otras denominaciones anteriores a los estudios universitarios de Educación Social en las RPT’s de las administraciones públicas.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

1. Impulso de la inclusión, la calidad y la equidad en el sistema educativo, a través de la acción socioeducativa y mediante:
   • El desarrollo de planes y programas socioeducativos efectivos de prevención del absentismo y de fracaso escolar, en los que la acción socioeducativa sea el eje fundamental de cara al menor y su familia, a través de programas educativos globales dirigidos a aquellos alumnos y alumnas con especiales dificultades de integración desarrollados por los equipos de Educadoras y Educadores Sociales.
   • El impulso del aprendizaje de temas como la igualdad, la violencia de género, la educación en valores, la interculturalidad, la educación emocional, el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente, el maltrato infantil, ciudadanía responsable, etc.
2. Oferta de una formación de calidad y acorde a las necesidades de las Educadoras y Educadores Sociales que desarrollan su labor profesional en institutos y propiciar la coordinación entre los profesionales de los IES.
3. Extender a la totalidad de los centros la figura de la Educadora y el Educador Social, a la vista de la experiencia positiva en nuestra comunidad autónoma.
4. Suprimir el encargo no docente, de atención a la diversidad, al personal docente (Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad).
5. No cubrir las plazas vacantes de Educadoras y Educadores Sociales con otras figuras profesionales, como la de los PTSC’s.
6. Recuperación de los convenios de la Junta de Comunidades con ayuntamientos y entidades de carácter social para la puesta en marcha de programas de Educación de Personas Adultas en barrios y localidades de la región.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y BIENESTAR

1. Reconocimiento de la Educación Social como profesión sanitaria para contribuir al cumplimiento de los Títulos I y II de la Ley General de Sanidad, en los que se nombran los fines de prevención, educativo y comunitario.
2. Desarrollo de un plan específico de atención socioeducativa para la prevención y atención del estado de salud físico y emocional de las personas, que contemple acciones de:
   • Prevención de adicciones.
   • Fomento de actividades de ocio, cultural y deportivas, recuperando la calle como un espacio de juego, ocio saludable, y que a través de la Educación Social se favorezca la convivencia y la cohesión social.
   • Fomento de la prevención temprana en las etapas educativas iniciales, trabajando con las familias, a través de programas de educación familiar.
3. Ultimar la legislación en ludopatías en relación con las TICS: redes sociales, no permitir máquinas de apuestas en los bares, no permitir casas de apuestas cercanas a centros educativos, etc.
4. Realizar prevención de adicciones en todos los niveles, haciendo hincapié en las alternativas a los diferentes consumos.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

1. Consolidación del sistema público de servicios sociales de atención primaria a través de un equipo profesional (trabajador social y educador social) que permita la atención a los ciudadanos, la prevención y promoción social; que favorezca la autonomía de la persona, en contra de acciones asistencialistas y benéfico asistenciales y no solo en la atención en situaciones de exclusión o de urgencia social sino también en prevención de las mismas.
2. Mayor eficacia en la aprobación y ejecución de ayudas, disminución de la burocracia y de los tiempos de respuesta.
3. Apuesta por la inversión en prevención social para un ahorro en protección y control.
4. Potenciación de una red de recursos y programas socioeducativos que permitan la eficacia de la protección del menor y de su familia, en situaciones de exclusión, riesgo y desamparo.
5. Impulso de un plan contra las situaciones de cronicidad con medidas transversales, en materia de vivienda, empleo, salud, ocio, formación…, a través de acciones socioeducativas.
6. Apoyo a la atención a personas en situación de dependencia a través de acciones socioeducativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y social.
7. Potenciación del trabajo en red y la coordinación entre entidades, servicios, organismos públicos y privados y profesionales de diferentes ámbitos, participantes en la intervención social, como herramienta para la optimización de recursos y garantía de intervenciones más eficaces y de mayor calidad, no olvidando que la protagonista es la propia ciudadanía.
8. Revisión de los convenios que se realicen entre Junta de Comunidades y administraciones locales y entidades privadas para el desarrollo de servicios sociales, garantizando la calidad de las actuaciones a realizar a través de la especificación de la figura profesional que debe implementar dicha labor.
9. Aumento de las ratios de los Educadores y las Educadoras Sociales en los Servicios Sociales de Atención Primaria, Específicos y Especializados, para poder dar cobertura a toda la población.
10. Incluir la figura del Educador y la Educadora Social en los diferentes programas de los Servicios Sociales: inserción, prevención, infancia y adolescencia, dependencia, etc.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE MAYORES

1. Fomento de la prevención del deterioro físico y cognitivo a través de proyectos que garanticen que estas actuaciones lleguen a todas las personas mayores. Todo ello enmarcado dentro del envejecimiento activo y saludable y como medida preventiva de la dependencia.
2. Reconocer la figura del Educador y la Educadora social en el convenio de residencias y centros de personas mayores, como profesionales de la intervención socioeducativa.
3. Reconocer la figura del Educador y la Educadora Social en programas, proyectos y equipamientos destinados al desarrollo del envejecimiento activo: centros de mayores, centros de día y residencias de mayores.
4. Establecer programas que promuevan y potencien las relaciones intergeneracionales en los Centros de Educación Primaria y Secundaria.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD

1. Desarrollo de políticas transversales de juventud que promuevan verdaderamente las condiciones para la participación de los y las jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural, así como que favorezcan su desarrollo personal y su calidad de vida.
2. Elaboración de una Ley de Juventud que contemple todas las áreas de intervención y gestión en el ámbito de juventud: apoyo a las políticas locales de juventud, animación juvenil, información juvenil, participación juvenil, actividades juveniles, instalaciones para jóvenes (albergues y campamentos, centros y casas de juventud…), etc.
3. Dado que Castilla-La Mancha es la única comunidad que no tiene reguladas las actividades juveniles, actualización de la normativa y potenciación de la contratación de Educadoras y Educadores Sociales como profesionales en el ámbito de la juventud: informadores juveniles, técnicos de juventud, animadores juveniles… y sobre todas aquellas actividades relacionadas con la educación no formal.
4. Presencia de la Educadora y el Educador Social en la elaboración de planes de intervención, programas y proyectos socioeducativos y comunitarios en ámbitos como sociolaboral, salud, exclusión, género, familia, etc., colaborando con otro personal técnico de la administración pública.

PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO

1. Suprimir del Catálogo Nacional de Ocupaciones (CON) las siguientes ocupaciones profesionales: Agentes de desarrollo local, Agentes de desarrollo social y Animadores Comunitarios, y denominarlas “Educador Social”. Las nuevas plazas que se convoquen deben ser ocupadas por personas que ostenten la titulación oficial de Grado en Educación Social o Habilitación Profesional de alguno de los colegios profesionales.

PROPUESTAS RESPECTO A MUJER

1. Cumplimiento de la Ley de Igualdad y se le dote de recursos económicos y materiales.
2. Regulación y reconocimiento de la figura de la Educadora Social en casas de acogida, centros de la mujer y otros recursos.
3. Establecimiento de las ratios de las distintas categorías profesionales en estos recursos.